El daño que esta haciendo la Renta de garantía de ingresos en la sociedad es de primera magnitud, causa un efecto llamado de inmigrantes los cuales traen sus tasas de criminalidad y la degradación del entorno a sus espaldas. La RGI debe de ser eliminada mejor antes que tarde, la sociedad no puede permitirse mantener sereno al león dándole de comer de la comida de su propio plato, porque el león crecerá y entonces no habrá comida suficiente para alimentarle y sera demasiado fuerte para vencerle. Mientras tanto, los abertzales erre que erre con sus planes de suicidio, mamando insaciables de las ubres del internacionalismo que dicta que los pueblos han de pasar por un tren de laminación, destruyendo su identidad y personalidad propia.
El requisito de empadronamiento se eleva de uno a tres años o acreditar 5 de vida laboral
La Diputación Foral de Gipuzkoa muestra su frontal rechazo a las medidas del nuevo proyecto de ley
Donostia. A partir de enero, acceder a las ayudas sociales en Euskadi va a ser mucho más intrincado. La consejera vasca de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, presentó ayer el principio de pacto entre el PSE y el PP para modificar la Ley de Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, que endurece el acceso a estas prestaciones.
Este proyecto de ley, además de traspasar las competencias de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de las diputaciones a Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, también elevará de uno a tres años el requisito de empadronamiento para recibir dichas ayudas sociales. Las personas que lleven menos de ese periodo de tiempo empadronados en un municipio vasco, tendrán que acreditar cinco años de vida laboral cotizando para el Estado para poder acceder a dichas prestaciones.
Zabaleta, que estuvo acompañada de los parlamentarios populares Antón Damborenea y Laura Garrido, además de la socialista Teresa Laespada, se mostró "orgullosa" del texto consensuado entre las dos fuerzas constitucionalistas. Además, aseguró que los cambios que se plantea introducir surgen para reforzar la "eficiencia" del modelo que rige la concesión de estas ayudas, cuya cuantía media es de 374 euros, y no "para ahorrar".
La consejera vasca y Damborenea se mostraron esperanzados en que otros grupos políticos se sumen al acuerdo a lo largo de la tramitación parlamentaria del proyecto. En esta línea, Zabaleta rechazó que la modificación de la ley constituya un recorte y aseguró que el "único endurecimiento que contempla es hacia aquellos que quieren aprovecharse del sistema". La consejera afirmó que "la solidaridad de los vascos es enorme, pero no puede ser ilimitada", por lo que abogó por que el sistema que regula estas prestaciones sea "sostenible".
Una de las modificaciones más polémicas, la del incremento en el periodo de empadronamiento, no se aplicaría a aquellos ciudadanos que ya reciben la ayuda. Por otra parte, las personas que rechacen un empleo perderán las prestaciones sociales, una medida que Zabaleta justificó al asegurar que "la RGI no es un lugar al que se debe acudir para quedar instalado", sino que debe ser "el refugio cuando se pierde el empleo".
Además, expuso que los beneficiarios de la RGI que no estén trabajando en programas de formación deberán estar disponibles para desempeñar trabajos al servicio de la comunidad "con carácter extraordinario", que se realizarían a través de convenios con organizaciones de voluntariado y ONG. Esta medida, según la consejera, "prestigiará" a los perceptores de esta ayuda y no supondrá la sustitución de puestos de trabajo ordinarios. También se contempla revisar cada seis meses la situación de los beneficiarios.
UNA 'BARBARIDAD' En respuesta a este proyecto de ley, que plantea traspasar las competencias de tramitación de la RGI de las diputaciones a Lanbide, el diputado foral de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, pidió ayer la paralización de la medida, que tachó de "barbaridad de consecuencias muy graves e imprevisibles". Aseguró que el Gobierno Vasco "comete un grave error al derivar las competencias en materia de garantía de ingresos mínimos" pues, según expuso, "el 42% de los 10.124 perceptores de la RGI en Gipuzkoa son pensionistas mayores de 65 años sin relación alguna con el mercado laboral".
En esa línea, recalcó su petición de paralizar el proyecto de ley "porque puede tener consecuencias muy graves para las personas más necesitadas", y puede impedir que se detecten "casos de desprotección entre la ciudadanía". En opinión del diputado foral, solicitar prestaciones económicas suele ser, en muchos casos, la razón por la que las personas "hacen un primer acercamiento a los servicios sociales de base" que, además de las necesidades económicas del demandante, también pueden detectar otro tipo de problemas, como "una falta de escolarización de menores, un maltrato doméstico o violencia intrafamiliar". Rodríguez cree que los técnicos de empleo "no están cualificados" para desempeñar esa tarea, "a diferencia de los trabajadores de los servicios sociales de base".
Rodríguez criticó también "las enmiendas dirigidas a endurecer el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos y la multiplicación sin sentido de humillantes controles para los perceptores, tal y como plantea el PP".
En respuesta a las declaraciones del diputado foral de Política Social de Gipuzkoa, Zabaleta recordó que uno de los socios de Bildu, EA, "no solo no cuestiona el paso de la gestión de esta renta a Lanbide, sino que además apuesta por completar el mismo proceso con las Ayudas de Emergencia Social". Además, aclaró que "todos los pensionistas están exentos de estas medidas", y remarcó que "lo que no es progresista es excluir a las personas de la mejor política social, que es el empleo, resignándolas a pensar que sólo necesitan un acompañamiento social".
CRÍTICAS DE EA Y EB El parlamentario vasco Juanjo Agirrezabala, de Eusko Alkartasuna, advirtió ayer de que la modificación de la ley de Garantía de Ingresos "supone un retroceso inaceptable que va a dejar desamparadas a muchas personas en situación de necesidad", y añadió que "Zabaleta se ha plegado a las exigencias del PP" al añadir un nuevo requisito para las personas que no llevan tres años empadronadas en la CAV: acreditar una vida laboral de al menos cinco años en el Estado. En la misma línea, el parlamentario de Ezker Batua Mikel Arana avanzó ayer que votará en contra de la reforma porque "aniquila la protección social en Euskadi", y "criminaliza la pobreza y la exclusión".
Este proyecto de ley, además de traspasar las competencias de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de las diputaciones a Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, también elevará de uno a tres años el requisito de empadronamiento para recibir dichas ayudas sociales. Las personas que lleven menos de ese periodo de tiempo empadronados en un municipio vasco, tendrán que acreditar cinco años de vida laboral cotizando para el Estado para poder acceder a dichas prestaciones.
Zabaleta, que estuvo acompañada de los parlamentarios populares Antón Damborenea y Laura Garrido, además de la socialista Teresa Laespada, se mostró "orgullosa" del texto consensuado entre las dos fuerzas constitucionalistas. Además, aseguró que los cambios que se plantea introducir surgen para reforzar la "eficiencia" del modelo que rige la concesión de estas ayudas, cuya cuantía media es de 374 euros, y no "para ahorrar".
La consejera vasca y Damborenea se mostraron esperanzados en que otros grupos políticos se sumen al acuerdo a lo largo de la tramitación parlamentaria del proyecto. En esta línea, Zabaleta rechazó que la modificación de la ley constituya un recorte y aseguró que el "único endurecimiento que contempla es hacia aquellos que quieren aprovecharse del sistema". La consejera afirmó que "la solidaridad de los vascos es enorme, pero no puede ser ilimitada", por lo que abogó por que el sistema que regula estas prestaciones sea "sostenible".
Una de las modificaciones más polémicas, la del incremento en el periodo de empadronamiento, no se aplicaría a aquellos ciudadanos que ya reciben la ayuda. Por otra parte, las personas que rechacen un empleo perderán las prestaciones sociales, una medida que Zabaleta justificó al asegurar que "la RGI no es un lugar al que se debe acudir para quedar instalado", sino que debe ser "el refugio cuando se pierde el empleo".
Además, expuso que los beneficiarios de la RGI que no estén trabajando en programas de formación deberán estar disponibles para desempeñar trabajos al servicio de la comunidad "con carácter extraordinario", que se realizarían a través de convenios con organizaciones de voluntariado y ONG. Esta medida, según la consejera, "prestigiará" a los perceptores de esta ayuda y no supondrá la sustitución de puestos de trabajo ordinarios. También se contempla revisar cada seis meses la situación de los beneficiarios.
UNA 'BARBARIDAD' En respuesta a este proyecto de ley, que plantea traspasar las competencias de tramitación de la RGI de las diputaciones a Lanbide, el diputado foral de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez, pidió ayer la paralización de la medida, que tachó de "barbaridad de consecuencias muy graves e imprevisibles". Aseguró que el Gobierno Vasco "comete un grave error al derivar las competencias en materia de garantía de ingresos mínimos" pues, según expuso, "el 42% de los 10.124 perceptores de la RGI en Gipuzkoa son pensionistas mayores de 65 años sin relación alguna con el mercado laboral".
En esa línea, recalcó su petición de paralizar el proyecto de ley "porque puede tener consecuencias muy graves para las personas más necesitadas", y puede impedir que se detecten "casos de desprotección entre la ciudadanía". En opinión del diputado foral, solicitar prestaciones económicas suele ser, en muchos casos, la razón por la que las personas "hacen un primer acercamiento a los servicios sociales de base" que, además de las necesidades económicas del demandante, también pueden detectar otro tipo de problemas, como "una falta de escolarización de menores, un maltrato doméstico o violencia intrafamiliar". Rodríguez cree que los técnicos de empleo "no están cualificados" para desempeñar esa tarea, "a diferencia de los trabajadores de los servicios sociales de base".
Rodríguez criticó también "las enmiendas dirigidas a endurecer el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos y la multiplicación sin sentido de humillantes controles para los perceptores, tal y como plantea el PP".
En respuesta a las declaraciones del diputado foral de Política Social de Gipuzkoa, Zabaleta recordó que uno de los socios de Bildu, EA, "no solo no cuestiona el paso de la gestión de esta renta a Lanbide, sino que además apuesta por completar el mismo proceso con las Ayudas de Emergencia Social". Además, aclaró que "todos los pensionistas están exentos de estas medidas", y remarcó que "lo que no es progresista es excluir a las personas de la mejor política social, que es el empleo, resignándolas a pensar que sólo necesitan un acompañamiento social".
CRÍTICAS DE EA Y EB El parlamentario vasco Juanjo Agirrezabala, de Eusko Alkartasuna, advirtió ayer de que la modificación de la ley de Garantía de Ingresos "supone un retroceso inaceptable que va a dejar desamparadas a muchas personas en situación de necesidad", y añadió que "Zabaleta se ha plegado a las exigencias del PP" al añadir un nuevo requisito para las personas que no llevan tres años empadronadas en la CAV: acreditar una vida laboral de al menos cinco años en el Estado. En la misma línea, el parlamentario de Ezker Batua Mikel Arana avanzó ayer que votará en contra de la reforma porque "aniquila la protección social en Euskadi", y "criminaliza la pobreza y la exclusión".
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